El magnate venezolano José Enrique Rincón, de 62 años de edad, se encuentra privado de libertad en el centro penitenciario Rodeo I tras haber sido detenido por las autoridades en junio pasado a su llegada al Aeropuerto Internacional La Chinita, procedente de Panamá.
Un reportaje del diario estadounidense The Wall Street Journal, difundido en español por El Nacional, reveló que el empresario retornó al país con la intención de reclamar la restitución del Grupo Lamar —conglomerado valorado en 700 millones de dólares que le fue confiscado a finales de 2024— bajo la premisa de un cambio en las garantías jurídicas e inversiones en el país.
Deterioro de salud en reclusión y denuncias de confiscación
De acuerdo con las declaraciones de su entorno familiar, Rincón permanece recluido en una celda de 2,7 por 1,8 metros, registrando una pérdida de peso de 11 kilogramos y padecimientos cardíacos no atendidos. Sus allegados aseveraron que los cargos de traición y terrorismo imputados por el Estado fueron «fabricados» para justificar la toma del holding. «Esto ha sido una larga película de terror», manifestó su hermana, Mariana Rincón, única pariente autorizada para visitarlo.
El cambio de suerte del empresario se remonta a noviembre de 2024, cuando Diosdado Cabello lo acusó públicamente de financiar a la oposición y conspirar contra el Gobierno, lo que derivó en la ocupación de oficinas, plantas de procesamiento y tierras sin orden judicial. Fundado en 1988 a partir de la comercialización de cangrejo azul y cultivo de camarón en el lago de Maracaibo, el Grupo Lamar llegó a exportar cerca de 200 millones de dólares anuales a Europa en 2022 y a posicionarse como el mayor empleador del estado Zulia.
Gestión extranjera de activos y contracción de la industria camaronera
Actualmente, las instalaciones acuícolas del Grupo Lamar son operadas bajo un esquema de administración por la compañía turca Miller Holding, cuyo director ejecutivo, Turhan Mildon, contrajo matrimonio el mes pasado en Nueva York con Alina Habba, exabogada personal de Donald Trump. Portavoces de la firma turca precisaron que operan la infraestructura pero no poseen la propiedad del conglomerado, al tiempo que ni la empresa ni el Ministerio de Comunicación e Información venezolano respondieron a solicitudes de comentarios.
El informe periodístico destaca la preocupación de analistas respecto a la persistencia de detenciones e intervenciones de activos privados, lo que contradice las expectativas de seguridad jurídica para los inversores. Como consecuencia de la paralización y desmantelamiento de la empresa, la producción nacional de camarón ha registrado un desplome superior al 90 % desde 2024, provocando la pérdida de aproximadamente 9.000 puestos de trabajo —afectando mayoritariamente a comunidades indígenas wayuu— y el exilio de más de un centenar de socios y familiares del empresario.
