El sistema de salud público venezolano enfrenta una de sus pruebas más críticas ante la emergencia provocada por el doble terremoto del pasado miércoles, la cual ha sido gestionada por médicos y enfermeras que perciben salarios base inferiores a un dólar al mes. Profesionales de la salud, que prefirieron mantener el anonimato, confirmaron a EFE que su remuneración mensual fija es de apenas 130 bolívares —equivalentes a unos 20 centavos de dólar—, un ingreso que, según explican, no cubre ni siquiera los gastos de transporte diario para acudir a sus centros de trabajo. Aunque reciben bonos gubernamentales adicionales, estos no tienen incidencia en el salario real, obligando al personal a complementar su labor en el sector privado para subsistir.

El caso del Hospital Miguel Pérez Carreño, un centro de alta especialización (tipo cuatro) que históricamente fue referente nacional, ejemplifica la profunda crisis operativa. El centro, que carece de laboratorios propios y servicios básicos de bacteriología, ha tenido que improvisar la atención ante la llegada masiva de heridos, muchos de los cuales fueron trasladados en vehículos particulares y sobre soportes improvisados como puertas y mesas ante la ausencia de ambulancias. La precariedad ha sido tal que, en el área de Medicina Interna, apenas siete enfermeras deben atender a 40 pacientes por turno, extendiendo sus jornadas hasta las 24 horas continuas, mientras que el personal médico reporta turnos de 16 horas diarias desde el inicio de la catástrofe.

El impacto de la crisis de infraestructura y la respuesta tardía se ha traducido en un drama clínico sin precedentes. Médicos pediatras reportan una cifra alarmante de pacientes con amputaciones, estimando que cerca del 60% de los atendidos por heridas graves han perdido algún miembro debido a las condiciones críticas en las que llegaron al hospital. Hasta la fecha, se han reportado al menos 30 pacientes pediátricos bajo atención directa por las consecuencias de los sismos. «Hemos recibido a pacientes en muy malas condiciones. Tan en malas condiciones que muchos han terminado con alguna amputación», detalló un pediatra del centro asistencial.

Ante el colapso del sistema público, la sociedad civil ha asumido un rol fundamental. Donaciones masivas de pañales, jeringas y gasas han logrado mantener operativos los servicios, e incluso voluntarios han instalado laboratorios móviles para procesar muestras fuera del recinto. Sin embargo, el personal de salud advierte que esta ayuda, aunque vital, no cubre las necesidades de equipos especializados —cuyo valor oscila entre 1.000 y 2.500 dólares— indispensables para la atención de pacientes en estado crítico. La dependencia de la caridad ciudadana subraya la fractura operativa que presenta el Estado para responder ante el balance de 1.943 fallecidos y más de 10.500 heridos que deja el desastre hasta ahora.

La situación refleja el agotamiento físico y profesional de un gremio que, movido por la vocación, sostiene un sistema de salud al límite. Mientras el personal sanitario continúa trabajando bajo presión extrema, los centros de salud como el Pérez Carreño intentan resolver la demanda asistencial con limitaciones tecnológicas severas. La combinación de la emergencia sísmica con la crisis salarial y la falta de equipos marca un panorama de incertidumbre donde el esfuerzo sobrehumano del personal médico y la solidaridad de los ciudadanos se han convertido en la única barrera real entre la vida y la muerte para miles de víctimas.