La opacidad vuelve a rodear los muros del Complejo Penitenciario Yare III tras confirmarse el fallecimiento de cinco privados de libertad el pasado lunes 20 de abril de 2026. El Ministerio para el Servicio Penitenciario, en un breve reporte, atribuyó las muertes a una confrontación interna entre reclusos. Sin embargo, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) ha recogido testimonios de familiares que contradicen la versión oficial, asegurando que los cuerpos presentan impactos de proyectiles, un hallazgo que desata interrogantes sobre la seguridad en un penal de «máxima disciplina».

Las víctimas, identificadas como Keivin Eduardo Matamoros, Eliecer José Córdoba García, Erkin Josué Ramos Flores, José Pascual Andrade Aguilar y Jean Carlos Jiménez Barrios, se encontraban bajo la tutela directa del Estado. Para el OVP, el ingreso de armas de fuego a estas instalaciones es inexplicable sin la participación o negligencia de los custodios. «Se trata de una situación poco clara que requiere la separación inmediata del cargo del director del penal», señaló la organización, resaltando además el vacío informativo sobre el número y paradero de los heridos que dejó el suceso.

La crisis en Yare III escala ahora al plano internacional. El OVP anunció que informará sobre estos hechos al Relator para Personas Privadas de Libertad de la CIDH y a la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela. La solicitud es firme: se requiere una comisión de verificación integrada por la Defensoría del Pueblo y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (OACNUDH) que garantice la transparencia en la investigación y la integridad física de quienes aún permanecen en el recinto.

Este incidente ocurre apenas días después de que la gobernante encargada, Delcy Rodríguez, anunciara una reforma judicial profunda en el país. El suceso en Yare III pone a prueba la voluntad política de dicha reforma, enfrentando al sistema con el reto de esclarecer responsabilidades dentro de su propia cadena de mando penitenciaria. Mientras tanto, a las puertas de la morgue, la incertidumbre de las familias se transforma en una exigencia de justicia que el Estado venezolano no puede eludir.