El Gobierno venezolano oficializó la eliminación del Certificado de Libre Venta (CLV) como requisito obligatorio para la obtención del registro de insumos agrícolas y agroecológicos en el país. La medida fue aprobada por orden de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, como parte de un plan integral de simplificación de trámites administrativos para el aparato productivo.
El anuncio formal de la disposición gubernamental estuvo a cargo del ministro del Poder Popular para la Defensa y vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz, Vladimir Padrino López, quien destacó que la decisión busca agilizar la capacidad de respuesta institucional frente a las solicitudes formuladas por los productores del campo venezolano.
Simplificación de trámites para el aparato productivo
El Certificado de Libre Venta constituía históricamente un recaudo exigido para la importación, comercialización y registro de fertilizantes, pesticidas, semillas y bioinsumos agroecológicos ante los entes reguladores estatales. La exigencia de este documento solía dilatar los tiempos de aprobación y permisos de distribución, afectando la planificación del ciclo de siembra.
Con la entrada en vigencia de esta medida, los ministerios de Agricultura Productiva y Tierras, Comercio Nacional y los organismos de sanidad e inspección agrícola procederán a adecuar sus plataformas y protocolos técnicos para garantizar que la fiscalización de calidad se realice de forma expedita sin ralentizar la cadena de suministros.
Reacciones del sector agrícola y perspectivas de siembra
Representantes de los gremios productivos y agroindustriales del país valoraron de manera positiva la desburocratización del proceso de registro, señalando que la agilización en el acceso a fertilizantes e insumos agroecológicos contribuirá a abaratar costos de producción y mejorar el rendimiento de los cultivos de ciclo corto y cereales.
El Ejecutivo reiteró su compromiso de continuar revisando los marcos normativos para optimizar los procesos de importación y producción nacional de bienes agrícolas, garantizando la soberanía alimentaria y el abastecimiento de rubros prioritarios en los mercados locales.

