En un mensaje dirigido a todo el país, la líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, formuló un llamado formal a la ciudadanía para participar masivamente en una movilización nacional este jueves 22 de octubre. La jornada de protesta cívica tiene como propósito central exigir la definición de un calendario electoral claro que incluya comicios presidenciales competitivos con las debidas garantías internacionales.

Machado exhortó a la población a manifestarse bajo un esquema de organización democrática, destacando la necesidad de exhibir ante la comunidad internacional la firmeza y cohesión del movimiento ciudadano que demanda una transición pacífica y el restablecimiento de la institucionalidad en el país.

Exigencias clave y unidad de las fuerzas democráticas

La convocatoria, respaldada por la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) y diversas agrupaciones políticas y sociales, no solo se centra en la exigencia de fijar la fecha para los comicios presidenciales, sino que integra demandas fundamentales como la liberación de todos los presos políticos y el respeto a las condiciones para el retorno seguro de la dirigencia al territorio nacional.

«Esta movilización busca mostrar una ciudadanía unida, organizada y decidida a lograr un cambio político», han enfatizado voceros de la coalición opositora, subrayando que la fecha elegida guarda un fuerte simbolismo cívico de reafirmación democrática.

Despliegue en todo el territorio nacional

Se prevé que la jornada de manifestación pacífica se replique de forma simultánea en las principales ciudades del país y en diversos puntos de concentración en Caracas. Las estructuras de Vente Venezuela y los comandos regionales han iniciado la coordinación logística para asegurar la participación activa de los distintos sectores de la sociedad civil, incluyendo gremios, estudiantes y trabajadores.

Con esta acción de calle, la oposición venezolana busca reactivar la presión pacífica y mantener la atención de la diplomacia internacional sobre la urgencia de reestructurar las instituciones electorales —como el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ)— para viabilizar una salida constitucional a la crisis que atraviesa la nación.