este miércoles 15 de octubre en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, el expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, rechazaron categóricamente la ampliada acusación federal en su contra. Durante la comparecencia ante el juez Alvin Hellerstein, el exmandatario reaccionó enérgicamente frente a los nuevos cargos de conspiración para cometer torturas imputados formalmente por la fiscalía estadounidense hace una semana, calificando el expediente presentado como una falsedad.

«No lo he visto en su totalidad, juez Hellerstein. Rechazo todo este documento», aseveró Maduro en plena audiencia al intentar cuestionar la legitimidad del proceso. Ante la negativa a reconocer el escrito acusatorio, el magistrado interrumpió las explicaciones del procesado y asentó formalmente sus palabras como una declaración de no culpabilidad. Acto seguido, Cilia Flores ratificó la postura de la defensa declarando: «Soy completamente inocente. No soy culpable».

Alcance de la nueva imputación y postergación del juicio

La imputación formal presentada por los fiscales federales no atribuye a la pareja la ejecución material directa de los vejámenes, sino haber ordenado, articulado y respaldado desde la cúspide del poder estatal actos sistemáticos de tortura contra opositores políticos y, específicamente, contra ciudadanos estadounidenses detenidos arbitrariamente en Venezuela. Los hechos investigados abarcan el período comprendido entre los años 2013 y 2026, sumándose a la lista previa de delitos graves que incluye narcoterrorismo, importación de cocaína a gran escala y posesión ilegal de armamento pesado y artefactos destructivos.

Como consecuencia de la incorporación de este nuevo bloque acusatorio, el juez Hellerstein resolvió diferir el inicio del juicio por dos semanas, fijando la fecha de arranque de las audiencias definitivas para el 14 de junio de 2027. La decisión responde en parte a los señalamientos de la defensa de Maduro, liderada por el abogado Pollack, quien argumentó ante la corte que el calendario fijado resultaba excesivamente ajustado para procesar la complejidad del volumen probatorio consignado por el Departamento de Justicia.

Renuncia al juicio rápido y estrategia procesal de la defensa

La dinámica del proceso fue analizada en el lugar por el abogado y activista de derechos humanos Nizar El Fakih, quien confirmó que la representación legal de los acusados optó nuevamente por renunciar al derecho de un «juicio rápido» (speedy trial). Esta prerrogativa constitucional permite a los imputados acelerar los lapsos legales para la pronta constitución del jurado y la resolución expedita del caso, opción que ha sido desestimada de manera reiterada por la defensa del expresidente.

El Fakih observó que la postura de los litigantes busca postergar la confrontación de los elementos de convicción en el estrado. «Lo que todo apunta, en cualquier caso, es que no quieren confrontar las pruebas en la fase de juicio. No quieren confrontar al jurado de juicio y están tratando de empujar esa fecha hacia más adelante y la fiscalía, por el contrario, presiona para que el proceso siga su curso», explicó el jurista, marcando el pulso de la contienda legal que se mantendrá bajo estrecho seguimiento en Washington, Caracas y Nueva York.