El diputado de la Asamblea Nacional Jorge Arreaza aseguró que, tras la demolición controlada de la torre C del urbanismo Luisa Cáceres de Arismendi —ubicado en Playa Grande, parroquia Urimare—, los equipos especializados darán paso a las labores orientadas a «tratar de retirar el resto de los cuerpos» bajo estrictos protocolos técnicos. El parlamentario explicó que la detonación se ejecutó para eliminar el riesgo de colapso estructural que impedía el ingreso seguro a la zona, señalando que ahora se cuenta con «unas losas que se pueden mover con maquinarias y comenzar a darle a la gente el derecho de tener el cuerpo de sus familiares».

Por su parte, familiares de las víctimas, como Ana Keila Moreno —quien espera rescatar los restos de cuatro de sus seres queridos, incluido su primo bombero que lideraba una jornada oftalmológica en el lugar—, exigieron que el Estado mantenga protocolos rigurosos y maquinaria pesada para asegurar una búsqueda cuidadosa. Aunque las autoridades no precisaron el tiempo que tomará esta segunda fase de levantamiento de escombros, recalcaron que se trabajará de forma sostenida para ubicar a las personas que aún permanezcan bajo los restos de la edificación y la aledaña torre D.

Una nueva etapa en la zona de tragedia

La demolición controlada marca un punto de inflexión en las operaciones de emergencia en el litoral, permitiendo el ingreso de maquinaria pesada a los espacios colapsados para atender los reclamos de los familiares.