El gobierno de Estados Unidos impuso sanciones a cuatro jueces de la Corte Penal Internacional (CPI), tras la decisión del tribunal de emitir órdenes de arresto contra líderes israelíes por presuntos crímenes de guerra cometidos en Gaza. Esta medida fue interpretada como una represalia por parte de Washington ante lo que considera una extralimitación del tribunal en su jurisdicción.

Las juezas sancionadas son Solomy Balungi Bossa (Uganda), Luz del Carmen Ibáñez Carranza (Perú), Reine Alapini Gansou (Benín) y Beti Hohler (Eslovenia). Las acciones en su contra incluyen congelación de activos en Estados Unidos, restricciones financieras y prohibición de ingreso al país.

La decisión fue anunciada por el secretario de Estado y se enmarca en una política más amplia de defensa hacia Israel. Las autoridades estadounidenses argumentaron que los jueces “socavaron la soberanía nacional” al autorizar investigaciones contra figuras políticas aliadas de Washington y Jerusalén.

La Corte Penal Internacional respondió condenando las sanciones y calificándolas como un ataque a su independencia judicial. Organizaciones como Human Rights Watch advirtieron que este tipo de medidas minan el funcionamiento de la justicia internacional, al disuadir futuras investigaciones sobre crímenes graves.

La CPI considera que existen fundamentos razonables para investigar a altos funcionarios israelíes, incluyendo al primer ministro Benjamín Netanyahu y al exministro de Defensa Yoav Gallant, por posibles crímenes de guerra derivados del asedio en Gaza tras el ataque de Hamás en octubre de 2023.

Estas sanciones se suman a una serie de tensiones entre Estados Unidos y la CPI, que ya había enfrentado medidas similares durante investigaciones previas sobre presuntos crímenes cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán.

La comunidad internacional observa con preocupación esta escalada, que podría tener repercusiones sobre la legitimidad del tribunal y la cooperación global en temas de justicia penal internacional.