Nicolás Maduro y Cilia Flores reiteraron este jueves 19 de marzo ante el tribunal federal del Distrito Sur de Nueva York que carecen de los recursos financieros necesarios para costear su representación legal en el proceso por narcotráfico que se sigue en su contra. A través de un documento remitido por los abogados Barry Pollack y Mark E. Donelly, la pareja se mostró dispuesta a presentar pruebas de su insolvencia económica si el juez Alvin Hellerstein así lo requiere.

El eje central del reclamo legal radica en la actuación de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. Según la defensa, la negativa de este organismo para autorizar que el Gobierno de Venezuela pague los honorarios interfiere directamente con la Sexta Enmienda de la Constitución estadounidense, la cual garantiza el derecho de todo acusado a elegir su propio equipo de defensa, y con la Quinta Enmienda, referida al debido proceso.

Los abogados argumentaron que la propuesta de la Fiscalía de asignar defensores de oficio no constituye una solución válida, puesto que obligaría a Maduro y Flores a aceptar una representación que no es de su elección. Asimismo, recordaron que existen precedentes donde la OFAC ha permitido que terceros sujetos a sanciones paguen gastos legales de otras personas sancionadas, por lo que consideran que el impedimento actual es una «vulneración inconstitucional».

Ante este escenario, la defensa solicitó formalmente el sobreseimiento de la causa, calificando el proceso como «inconstitucionalmente defectuoso». De no concederse el cierre del caso, pidieron al menos la realización de una audiencia especial para discutir estas limitaciones financieras antes de la próxima comparecencia prevista para el 26 de marzo. Esta solicitud ocurre en una semana de alta actividad diplomática, marcada por reuniones paralelas entre la administración de Delcy Rodríguez y senadores estadounidenses para discutir la cooperación energética.