Familiares y activistas nucleados en el Comité por la Libertad de los Presos Políticos se movilizaron este jueves hacia la sede del Ministerio de Servicio Penitenciario para denunciar las condiciones «inhumanas» a las que son sometidas más de 700 personas bajo custodia del Estado. Ataviados con los uniformes azul y amarillo impuestos en los penales, los manifestantes entregaron un documento detallando una crisis que abarca desde la desnutrición severa hasta la falta absoluta de asistencia médica en centros críticos como el Rodeo I y el Fuerte Guaicaipuro.

Nancy Peñaloza, madre de uno de los detenidos por la Operación Gedeón (2020), y Andreina Baduel, hermana de Josnars Baduel, lideraron los testimonios sobre el deterioro físico de los prisioneros. De acuerdo con el comité, al menos 50 detenidos se encuentran en estado de salud grave. Entre las denuncias más alarmantes, Mayra Morales alertó sobre posibles prácticas de sedación forzada contra los vinculados al caso Gedeón, quienes tras meses de desaparición forzada presentaron signos de haber sido inyectados con sustancias desconocidas y cuadros de desnutrición evidente en sus recientes visitas de febrero.

La protesta también visibilizó el esquema de visitas restrictivas, donde los familiares son obligados a ingresar encapuchados y comunicarse únicamente a través de vidrios y teléfonos, sin contacto físico. Carmen Teresa Navas, de 81 años, reclamó información sobre su hijo Víctor Hugo Quero, desaparecido del radar institucional desde octubre de 2025, mientras que el sobrino de la jueza de Apure, Helem Ojeda, denunció que la magistrada fue vinculada falsamente con bandas criminales pese a que existen pruebas de que ella misma había denunciado amenazas de esos grupos en 2024.

El petitorio entregado a las autoridades penitenciarias exige el respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de los acuerdos de amnistía que se han discutido en el marco de la transición política de 2026. Los familiares señalaron la complicidad de funcionarios del Ministerio en las violaciones cometidas por la DGCIM dentro de las prisiones y reiteraron que la defensa privada sigue siendo bloqueada en la mayoría de los casos, imponiendo defensores públicos con actitudes hostiles hacia las víctimas.