El proceso para designar a las nuevas autoridades del Poder Ciudadano entró en su etapa de evaluación tras el cierre del lapso de postulaciones este viernes 13 de marzo. La convocatoria, extendida por la Asamblea Nacional debido al volumen de solicitantes, busca llenar las vacantes definitivas en la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo, cargos que quedaron desiertos tras las renuncias de Tarek William Saab y Alfredo Ruiz.

Entre los perfiles que han trascendido para suceder a Saab en el Ministerio Público destacan académicos y juristas de trayectoria, como Magaly Vásquez, respaldada por la UCAB; el constitucionalista Nelson Chitty La Roche; y especialistas en ciencias penales como Renée Moros Tróccoli y Giovanni Rionero. Por su parte, para la Defensoría del Pueblo figuran nombres como el exprocurador Luis Beltrán Guerra, la activista Arleth Figueredo y el académico Carlos Calatrava.

Pese al interés manifestado por los aspirantes, la organización Acceso a la Justicia denunció la opacidad del Comité de Evaluación, presidido por el diputado Giuseppe Alessandrello. La ONG señaló que, hasta la fecha, no se han hecho públicos el reglamento interno, el baremo de calificación ni el cronograma exacto de las fases subsiguientes, lo que genera incertidumbre sobre los criterios de selección.

El procedimiento constitucional exige que, tras la revisión de expedientes, el Comité presente una lista de elegibles ante la plenaria de la Asamblea Nacional, donde se requiere el voto de las dos terceras partes para la designación formal. Mientras se completa este ciclo, el Ministerio Público y la Defensoría operan bajo gestiones interinas, a la espera de una renovación que pretende, según algunos candidatos, reinstitucionalizar el sistema de justicia venezolano.