Una coalición de obreros y representantes del sector privado del estado Carabobo se concentró este jueves en las cercanías de la Inspectoría del Trabajo «César Pipo Arteaga», en Valencia, con el fin de consignar un pliego de peticiones unitario. Los manifestantes, que sostuvieron una jornada de protesta pacífica, demandaron al Ejecutivo nacional un ajuste inmediato de salarios y pensiones, denunciando que los ingresos actuales son «insuficientes» para garantizar la alimentación y la dignidad de las familias trabajadoras.

Entre los puntos centrales del documento entregado destacan la exigencia de libertad sindical plena, el respeto al derecho a huelga y la reactivación de los pagos a las cajas de ahorro. Asimismo, los líderes gremiales solicitaron formalmente la derogación del instructivo de la ONAPRE, al cual señalan como el principal responsable de la pérdida del poder adquisitivo y del aplanamiento de las tablas salariales en los últimos años. Para la dirigencia obrera, estas demandas no son concesiones, sino el cumplimiento de garantías establecidas en la Constitución.

Un momento de especial tensión se vivió cuando familiares y representantes de SUMA Carabobo tomaron la palabra para exigir la liberación de Omar Escalante, presidente de Fetracarabobo. Escalante, quien cumple una condena de 30 años de prisión, es considerado por el gremio como un símbolo de la criminalización de la protesta. Angélica Flores, secretaria del Sindicato Unitario del ministerio en la región, alertó sobre el «precario estado de salud» del dirigente y recordó que aún permanecen tras las rejas otros siete presos políticos en el estado Carabobo.

La movilización de este jueves refuerza el clima de conflictividad laboral que atraviesa el centro del país. Los trabajadores advirtieron que, de no recibir respuestas satisfactorias a sus peticiones, intensificarán las acciones de calle. La jornada concluyó con un llamado a la unidad de todos los sectores productivos para presionar por una reforma laboral que priorice la dignificación de las pensiones y la seguridad social de quienes hoy sostienen la economía privada en la región.