En los últimos años, tribunales y despachos de abogados en Venezuela han observado un fenómeno creciente que trasciende la rutina burocrática del permiso de salida del país: padres ausentes que retienen de forma calculada las autorizaciones de viaje como un mecanismo de presión económica o emocional contra las madres o representantes, desvirtuando la finalidad protectora de la normativa. La respuesta de expertos en derecho de familia apunta a una ruta judicial estratégica basada en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes (LOPNNA), cuyo objetivo primordial es garantizar el interés superior del niño y del adolescente, incluso frente a progenitores que eluden sus deberes fundamentales.

En esencia, la legislación venezolana exige que toda niña, niño o adolescente que vaya a viajar fuera del país sin la compañía de ambos padres o representantes legales cuente con una autorización formal emitida por el Consejo de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes o un documento autenticado ante SAREN; de lo contrario, el permiso debe tramitarse ante un tribunal de protección especializado.

El problema, según operadores jurídicos, surge cuando un progenitor retiene ese consentimiento no por preocupación legítima por el bienestar del menor, sino como una herramienta de negociación: exigir pagos atrasados, presionar por conveniencias personales o condicionar acuerdos de convivencia. En muchos de esos casos, los antecedentes de desatención afectiva y económica —cuando un padre no contribuye con manutención o no mantiene un régimen de convivencia regular— sirven como base para una estrategia judicial más amplia.

La recomendación de especialistas consiste en interponer paralelamente ante la jurisdicción civil una demanda por Obligación de Manutención y Régimen de Convivencia Familiar, registrando formalmente los incumplimientos. Este enfoque, dicen, permite que el tribunal evalúe no solo la solicitud de autorización de viaje, sino el contexto de responsabilidades no cumplidas por el progenitor ausente. Al transcurrir entre tres y seis meses de demostrada insolvencia, la inobservancia se convierte en un elemento probatorio de peso en favor de la madre o representante que solicita la autorización.

El abogado y psicólogo especializado en derecho de familia que asesora en estos casos señala que quienes acuden con documentación sólida sobre incumplimiento de manutención generan, ante los jueces, un “ánimo favorable” que facilita la concesión judicial de la autorización de viaje, al evidenciar que el progenitor que se opone no está ejerciendo su responsabilidad de crianza de manera efectiva.

Diferenciar procesos

Una de las confusiones más frecuentes entre ciudadanos y operadores no especializados es la diferencia entre la autorización de viaje temporal y el cambio de residencia permanente. En términos legales, la primera aplica cuando el menor saldrá del país por un periodo definido, con la obligación de regreso al territorio venezolano. Esta autorización se tramita bajo los parámetros descritos en la LOPNNA y exige especificar fechas de salida y retorno, destino y datos del acompañante, entre otros requisitos formales.

Por el contrario, establecerse fuera de Venezuela de forma definitiva sin el consentimiento de ambos padres implica iniciar un procedimiento por Privación de la Patria Potestad para el progenitor que no consiente el traslado, además de demostrar consistentemente el incumplimiento de deberes de manutención, visitas y convivencia. Esta vía, advierten juristas, es más compleja y larga, pero legalmente necesaria cuando no existe acuerdo entre los padres para el traslado definitivo de un menor.

En Colombia, por ejemplo, la Ley 2097 de 2021 creó un registro público de deudores alimentarios (REDAM) que permite que el simple incumplimiento de tres cuotas alimentarias habilite al progenitor custodio para solicitar la autorización de viaje de forma expedita, algo que en Venezuela aún no tiene un equivalente directo en la ley vigente. Esta diferencia normativa destaca la ausencia de instrumentos jurídicos similares en el país, obligando a que las estrategias de protección se construyan a partir de la interpretación y acumulación de incumplimientos documentados ante los tribunales.

Hacia una protección integral del derecho a viajar

Mientras la legislación venezolana no adopte un mecanismo específico equivalente al REDAM —idóneo para transparentar y contrarrestar la retención arbitraria de permisos por razones económicas—, la práctica recomendada entre operadores del derecho es apostar por la documentación sistemática del incumplimiento de manutención y obligaciones familiares. Este acervo probatorio permite argüir que la negativa a firmar una autorización de viaje se basa en un interés ajeno al bienestar del niño.

Para quienes enfrentan estas situaciones, existen canales de información y asesoría, incluidos profesionales especializados y organizaciones que acompañan a padres en la defensa de sus derechos y los de sus hijos. En Instagram, cuentas como @cpreventiva ofrecen orientación general, mientras que números de contacto especializados, como 0414-9404960 y 0412-0362653, pueden facilitar una primera aproximación sobre los pasos a seguir.