Un grupo de familiares de trabajadores de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) inició una campaña de visibilización para denunciar las irregularidades procesales que afectan a cerca de 160 empleados de la estatal, detenidos en distintas regiones del país. Los trabajadores enfrentan imputaciones graves que incluyen legitimación de capitales, contrabando agravado y asociación para delinquir. Según los testimonios recogidos, la mayoría de los arrestos se produjeron entre finales de 2024 y principios de 2025, y desde entonces, los procesos judiciales han mostrado escasos avances, manteniendo a los afectados bajo custodia sin que se hayan presentado pruebas definitivas de los delitos señalados.

Los voceros de las familias manifestaron que inicialmente recibieron instrucciones de los defensores públicos y tribunales para no declarar a los medios, bajo la premisa de que el silencio facilitaría el proceso legal. Sin embargo, ante la ausencia de resultados y el cambio en el panorama político nacional tras los recientes anuncios de liberaciones de presos políticos, los allegados decidieron denunciar públicamente las condiciones de reclusión. Alertaron sobre el deterioro físico y psicológico de los detenidos, así como las restricciones en el régimen de visitas y la entrega de suministros básicos en los centros penitenciarios como Yare II.

Entre los casos expuestos se encuentran trabajadores con trayectorias de hasta 25 años de servicio en la industria petrolera. Algunos de los familiares argumentan que las detenciones se derivaron de errores humanos operacionales causados por el deterioro de la infraestructura, como válvulas defectuosas, hechos que fueron reportados previamente por el personal sin recibir respuesta de la gerencia. Asimismo, se reportó el caso de personas que no pertenecían a la nómina de la estatal, sino que laboraban para empresas contratistas de servicios básicos como comedores, y que fueron aprehendidas durante procedimientos generales sin mediar investigación previa.

La exigencia central de los familiares es la instauración de una mesa de revisión técnica de los expedientes que permita otorgar libertades plenas o medidas cautelares menos gravosas. Denunciaron además una presunta indiferencia por parte de la defensa pública, asegurando que los funcionarios asignados no proporcionan información veraz sobre el estado de las causas. El colectivo de familias, conformado principalmente por mujeres, hizo un llamado a las autoridades del Poder Legislativo y a la Fiscalía General para que se cumpla con el debido proceso y se investigue la veracidad de las acusaciones que mantienen paralizada la vida de decenas de hogares venezolanos.