El juicio contra el depuesto mandatario venezolano, Nicolás Maduro, en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ha dejado de ser un asunto meramente venezolano para convertirse en una crisis de implicaciones profundas para México. El escrito de acusación de 25 páginas revela una simbiosis criminal entre el Cártel de los Soles y las organizaciones más sanguinarias de México: el Cártel de Sinaloa y Los Zetas.

Fiscales estadounidenses sostienen que, durante décadas, Venezuela funcionó no solo como puente, sino como socio logístico de los grupos mexicanos, utilizando estructuras del Estado para facilitar el tráfico de toneladas de cocaína hacia Estados Unidos.

Pasaportes diplomáticos y logística estatal

La imputación detalla maniobras que datan desde 2006, cuando Maduro ejercía como canciller:

• Venta de identidad: Se acusa a Maduro de vender pasaportes diplomáticos a narcotraficantes mexicanos para facilitar su movilidad y el traslado de divisas en vuelos oficiales.
• Sobornos a la cúpula: Los fiscales señalan que Los Zetas habrían sobornado a Diosdado Cabello para garantizar el transporte seguro de carga desde puertos venezolanos hacia México y Centroamérica.
• Financiamiento de laboratorios: Joaquín «El Chapo» Guzmán habría financiado instalaciones en Colombia bajo protección venezolana para asegurar el suministro a sus redes.

La presión sobre el Gobierno de Sheinbaum

Este expediente judicial funciona hoy como una poderosa herramienta de presión de la administración de Donald Trump sobre la presidenta Claudia Sheinbaum. La mención constante de los cárteles mexicanos en el juicio de Maduro ha forzado cambios drásticos en la política de seguridad de México:

1. Giro estratégico: Sheinbaum ha abandonado la política de «abrazos, no balazos» de su predecesor para iniciar un combate frontal contra el narco.
2. Objetivos prioritarios: México busca ahora la captura de Iván Archibaldo Guzmán, actual líder del Cártel de Sinaloa, atendiendo a las solicitudes de la Casa Blanca.
3. Conexión Alex Saab: La reciente detención de Alex Saab en Caracas suma tensión, debido a sus presuntos vínculos con empresas estatales mexicanas durante el sexenio pasado para el lavado de activos y elusión de sanciones.

Una mancha que recorre el continente

La acusación abarca un periodo de 20 años (1999-2019), tocando indirectamente a administraciones del PRI, PAN y Morena. Con Maduro y Saab bajo custodia, la posibilidad de que decidan colaborar con la justicia estadounidense a cambio de reducciones de pena mantiene en vilo a sectores políticos en Ciudad de México, Madrid (donde residen expresidentes mexicanos) y Caracas.