La Asamblea Nacional (AN) aprobó este lunes en primera discusión el proyecto de Ley Orgánica para la Protección de los Derechos Socioeconómicos, un instrumento jurídico que busca sepultar la Ley de Precios Justos vigente desde 2015. Presentada por el oficialismo como una herramienta de «justicia social», la norma propone transitar de un sistema punitivo a uno de «precios acordados», donde el Estado, productores y comerciantes negocien los valores de bienes y servicios. Sin embargo, la celeridad del proceso —ocurrido apenas semanas después de la captura de Nicolás Maduro— ha despertado suspicacias sobre el verdadero alcance de la reforma.

El proyecto, que consta de 96 artículos, introduce cambios estructurales en la supervisión del mercado:

• Nueva Institucionalidad: Se prevé la creación de la Superintendencia Nacional de Protección de los Derechos Socioeconómicos, la cual absorbería o reemplazaría las funciones de la Sundde, centrándose en la inspección y la conciliación administrativa.
• Observatorio de Precios: Se establece un sistema de monitoreo para supervisar los costos en tiempo real y garantizar la «sostenibilidad del hecho productivo», evitando supuestas distorsiones especulativas.
• Despenalización Relativa: El texto sugiere transformar algunas conductas antes tipificadas como delitos penales en infracciones administrativas, priorizando multas y mecanismos de resarcimiento directo al consumidor.

A pesar del lenguaje conciliador que utiliza el Ejecutivo de Delcy Rodríguez, expertos como el abogado José Ignacio Hernández han calificado la reforma de «gatopardiana», argumentando que no desmonta el control de precios inconstitucional, sino que simplemente lo reorganiza bajo un nuevo nombre. La bancada opositora también ha manifestado su escepticismo, advirtiendo que cualquier exceso estatal en la fijación de costos podría «matar la oferta» y generar nuevos episodios de escasez. Tras este primer paso, el proyecto se encamina a una segunda discusión definitiva esta misma semana antes de su promulgación.