El Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) emitió este miércoles un rechazo contundente al uso de propaganda en torno a las recientes excarcelaciones en Venezuela. La organización exigió respeto al dolor de las víctimas y recordó que los detenidos no deben ser tratados como herramientas de comunicación política.

Esta reacción surge tras las declaraciones de la presidenta interina, Delcy Rodríguez, quien afirmó que se han otorgado 406 boletas de excarcelación. Sin embargo, el CLIPP sostiene que dicha cifra no coincide con los propios datos parciales publicados por el Ministerio para el Servicio Penitenciario.

Según el monitoreo de la ONG Foro Penal, hasta la noche de este miércoles se han verificado con exactitud 84 excarcelaciones desde el 8 de enero. Entre los liberados se encuentran 17 ciudadanos extranjeros o con doble nacionalidad y más de una docena de trabajadores de la prensa.

Gonzalo Himiob, vicepresidente de Foro Penal, aclaró que la cifra verificada podría variar, ya que algunos beneficiarios han solicitado resguardar su identidad por seguridad. No obstante, la brecha entre los 84 casos confirmados y los 406 anunciados por el Ejecutivo sigue siendo amplia.

Las organizaciones exigen la publicación inmediata de una lista oficial que incluya nombres, centros de reclusión y el estatus jurídico de cada caso. Hasta el momento, el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, asegura que las listas existen, pero no han sido divulgadas al público.

El CLIPP denunció que más de mil personas han sufrido detenciones arbitrarias y tratos crueles bajo custodia. La ONG enfatizó que la justicia plena solo se alcanzará con la anulación de todas las causas penales, a las que calificó de manifiestamente infundadas.

Por su parte, la organización Provea advirtió que el proceso enfrenta «dilaciones indebidas y abusos autoritarios». Estas trabas logísticas y administrativas estarían obstaculizando que las libertades anunciadas por Miraflores se materialicen de forma efectiva en los centros de reclusión.

Delcy Rodríguez ha insistido en que estas medidas buscan abrir un nuevo capítulo de entendimiento político tras la captura de Nicolás Maduro. Sin embargo, para los activistas de derechos humanos, la falta de transparencia informativa desvirtúa el carácter humanitario del proceso.