La crisis del sector educativo en Venezuela ha alcanzado una fase crítica denominada «desalarización». Este fenómeno no se limita a la pérdida de poder adquisitivo, sino que representa la ruptura total entre el trabajo profesional y su reconocimiento material.

En la actualidad, el ingreso de un docente no permite cubrir el costo de vida básico. Al perder su función económica, el salario deja de estructurar el tiempo, la dedicación y la especialización de los maestros, provocando una parálisis institucional en todos los niveles.

El sistema educativo venezolano actual funciona bajo un «simulacro operativo». Las escuelas y universidades permanecen abiertas, pero la precariedad impide que cumplan su función de enseñar o producir conocimiento. El resultado es una certificación de estudios sin formación real.

Esta situación ha derivado en una «derrota conceptual» del reclamo gremial. El debate ya no se centra en la restitución de la carrera profesional, sino en la administración del daño. Las demandas se han estrechado hacia la solicitud de bonos y ajustes parciales de beneficios.

El Estado ha fomentado esta lógica asistencialista. Al negociar compensaciones y transferencias paralelas en lugar de salarios, el Ejecutivo evita comprometerse con estándares de calidad y pierde la autoridad para exigir continuidad o responsabilidad a los educadores.

Los analistas señalan que la falta de presupuesto es un argumento falso. El Estado mantiene un gasto sostenido en incentivos discrecionales. La reconstrucción del sistema requeriría simplemente reorientar esos recursos hacia salarios que reconozcan la autoridad profesional.

El impacto es visible en casos como el de la facultad de Lisseth, una profesora que explica ecuaciones a aulas vacías. La falta de estudiantes, la falla de equipos básicos y la deserción profesoral han demolido los planes de estudio en universidades de todo el país.

Este deterioro no es exclusivo del presente siglo, pero se ha consolidado como un daño irreversible por inercia institucional. La politización del currículo y la desconexión entre contenido y exigencia han terminado por vaciar de propósito a la escuela pública.

La solución técnica es inmediata: un decreto presidencial de ajuste salarial a niveles regionales. Sin embargo, mientras el problema se trate como un conflicto sindical y no como una emergencia institucional, la educación seguirá atrapada en un dispositivo de supervivencia.