El Tribunal de Apelación de París ha dictado este jueves una resolución que supone el primer respiro judicial para Marine Le Pen. Los jueces han decidido acotar la acusación por financiación ilícita al descartar aproximadamente el 30% de los contratos de asistentes parlamentarios bajo sospecha.

La decisión se basa en la falta de evidencias sobre la firma de dichos contratos, los cuales fueron inicialmente computados como parte del perjuicio de 4,4 millones de euros causado al Parlamento Europeo. Esta medida contó con el aval de la Fiscalía, que modificó su planteamiento respecto a la primera instancia.

Este giro judicial reduce la presión sobre la líder de la Agrupación Nacional (RN), quien fue condenada anteriormente a cinco años de inhabilitación con ejecución inmediata. Dicha pena es el principal obstáculo para su cuarta aspiración presidencial prevista para el año 2027.

La estrategia de Le Pen en esta segunda fase del juicio ha dado un vuelco significativo. A diferencia de su postura anterior, la líder ultraderechista admitió el martes la posibilidad de haber cometido un delito, aunque subrayó que en ningún momento hubo voluntad de quebrar la ley.

Sus abogados buscan ahora que el tribunal reduzca la pena de inhabilitación o, al menos, elimine su aplicación preventiva. Esto permitiría a Le Pen concurrir a las elecciones del Elíseo mientras agota los recursos legales restantes.

Sin embargo, Le Pen ya ha trazado un plan de contingencia. Si la sentencia definitiva —que se espera para el verano de 2026— ratifica su inhabilitación, ha confirmado que no recurrirá al Tribunal Supremo y cederá su lugar a su sucesor político.

El relevo recaería sobre Jordan Bardella, el actual presidente de la Agrupación Nacional. Con 30 años de edad, Bardella ha consolidado una alta popularidad en redes sociales y encabeza los sondeos de opinión como una alternativa sólida dentro del partido.

A pesar de su éxito mediático y editorial, la posible candidatura de Bardella genera dudas en sectores de la clase política francesa. Su falta de formación universitaria y escasa experiencia ejecutiva son señaladas como debilidades frente a un contexto geopolítico global convulso.

Mientras el juicio en la Isla de la Cité avanza, el futuro de la derecha radical francesa queda supeditado a la balanza judicial. La decisión del Tribunal de Apelación no solo determinará el destino de Le Pen, sino el liderazgo definitivo del partido de cara a la próxima contienda electoral.