Venezuela priorizará el gasto en salud con exportaciones de petróleo y gas

Delcy Rodríguez, ha decretado un viraje absoluto en la administración de la renta extractiva. Según lo anunciado en su más reciente alocución, cada divisa obtenida por la exportación de crudo y gas será canalizada sin excepciones hacia el sistema de salud pública. Esta decisión no solo responde a una urgencia interna, sino que se erige como un muro de contención ante las recientes pretensiones de Washington sobre el control comercial de los hidrocarburos venezolanos.

La estrategia de Rodríguez trasciende la inversión directa en infraestructura. La mandataria ha hecho un llamado formal al sector privado de la salud para establecer una cohesión operativa que permita descongestionar las listas de espera quirúrgicas. Esta propuesta de alianza público-privada sugiere una voluntad de pragmatismo en medio de un escenario de «agresión militar» que, según la versión oficial, ha comprometido seriamente el equipamiento y la logística de los centros asistenciales en todo el territorio nacional.

El panorama que describe el Ejecutivo es el de una nación operando bajo condiciones de conflicto. Rodríguez denunció la destrucción total de un centro estratégico de inventario para diálisis tras el impacto de un misil, un hecho que obligó a una respuesta de emergencia coordinada con el Palacio de Planalto. En este sentido, la mandataria destacó la celeridad del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, cuya cooperación permitió el reabastecimiento inmediato de fármacos críticos para pacientes crónicos en las horas posteriores al ataque.

Para el presente año, el foco de la gestión se concentrará en el denominado «Plan para la Salud y la Vida del Pueblo Venezolano». Con una meta inicial de equipar 75 centros hospitalarios mediante los ingresos petroleros, el Gobierno intenta estabilizar la provisión de servicios esenciales y el fortalecimiento de la industria farmacéutica. En un contexto de máxima tensión geopolítica, el éxito de este plan determinará si el Estado es capaz de mantener sus funciones sociales básicas mientras navega el temporal de la presión internacional y los desafíos de una economía de guerra.