Delcy Rodríguez, en su condición de presidenta encargada, ha intentado proyectar una imagen de normalidad operativa y vigor institucional. El inicio del ciclo lectivo ha servido de escenario para un despliegue retórico donde la educación pública se presenta como el último bastión de una soberanía que se dice asediada.

Rodríguez ha enfatizado que el país «resiste y avanza», una consigna que busca restañar las fisuras provocadas por los recientes acontecimientos políticos, que incluyen la ausencia de Nicolás Maduro y Cilia Flores de la escena pública inmediata. Al reportar el regreso de más de seis millones de estudiantes y la rehabilitación de infraestructuras educativas, la mandataria subraya una gestión que pretende blindarse contra las turbulencias externas.

El punto neurálgico de su alocución, sin embargo, se centró en la gestión de los hidrocarburos. Ante las advertencias de Washington sobre la fiscalización de los ingresos energéticos, Rodríguez ha reafirmado que el flujo del crudo venezolano tiene un destino innegociable: el sostenimiento del sistema escolar y el programa de alimentación. Este movimiento no es solo una declaración de principios económicos, sino un desafío directo a la influencia de los mercados internacionales sobre las arcas estatales.

La narrativa oficial insiste en «sanar las heridas de la guerra económica», un término que el Ejecutivo emplea para amalgamar las carencias internas con las presiones externas. Para Rodríguez, la entrega de nuevos centros educativos representa una victoria simbólica frente al bloqueo, situando a la infancia como el escudo moral de su administración. En este ajedrez político, la normalidad escolar se vende como la prueba definitiva de que el Estado mantiene el control de su propio porvenir, a pesar de las amenazas que acechan en el horizonte geopolítico.