En el epicentro de un sistema judicial que ha sido blanco de severas críticas internacionales, surge una voz que apela a la arquitectura legal como único puente hacia la estabilidad. El abogado y defensor de derechos civiles, Rafael Narváez, ha emplazado formalmente al Parlamento Nacional para que asuma una «oportunidad histórica»: la aprobación de una Ley de Amnistía General. Para el exparlamentario, este instrumento no es solo un trámite burocrático, sino el paso definitivo para transmutar la retórica oficial de paz en una realidad tangible para cientos de familias.

Narváez, cuya trayectoria en la defensa del debido proceso es ampliamente reconocida, sostiene que el Estado ha invocado la concordia mientras, en la práctica, ejecutaba detenciones arbitrarias y tratos que el jurista califica de crueles e inhumanos. Según su análisis, la nueva conformación de la Asamblea Nacional tiene ahora la potestad de ejercer una medida de carácter estrictamente humanitario, capaz de aliviar el drama de quienes hoy aguardan por «piedad y clemencia» a las puertas de los centros de reclusión.

La propuesta de Narváez no se queda en la superficie del activismo; profundiza en la necesidad de reparar un tejido social dañado por el resentimiento. El abogado denuncia que el sistema de justicia se apartó de sus atribuciones de independencia y autonomía, convirtiéndose en un brazo ejecutor de políticas de odio. En este sentido, la amnistía se presenta como la herramienta jurídica para sanar las heridas de una persecución que, a su juicio, se ha desarrollado al margen de las garantías consagradas en la Constitución de la República.

Finalmente, aunque el especialista en derecho procesal penal saludó con optimismo las recientes excarcelaciones, advirtió que la libertad no debe ser un goteo discrecional, sino un derecho restituido de forma integral. Al dar la bienvenida a los liberados, Narváez dejó la pelota en el tejado del Legislativo, recordándoles que la verdadera administración de justicia se mide por su capacidad de rectificar y de poner fin al sufrimiento sistémico de los ciudadanos.