El panorama geopolítico en el Caribe ha alcanzado un punto crítico tras las recientes denuncias del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, quien alertó sobre las medidas del Gobierno de Estados Unidos para obstaculizar el libre comercio de recursos petroleros venezolanos.

Según el canciller, la persecución sistemática de los barcos que transportan combustible hacia la isla no es un hecho aislado, sino que forma parte de un objetivo estratégico marcado para destruir la Revolución Cubana y derrocar al Gobierno de Nicolás Maduro, buscando usurpar por la fuerza los recursos naturales críticos de la región.

Estas acciones, calificadas como una política de máxima presión y asfixia económica, tienen un impacto devastador y directo en el sistema energético nacional de Cuba, afectando gravemente la vida cotidiana de sus ciudadanos y recrudeciendo un asedio que ya suma décadas de vigencia.

A esta presión diplomática se suma el mayor despliegue militar estadounidense de las últimas décadas en aguas del Caribe, el cual cuenta con una presencia sostenida de activos navales y aéreos bajo el argumento oficial del combate al narcotráfico. Sin embargo, la narrativa de Washington ha experimentado un giro que Caracas tilda de previsible, al pasar de la supuesta lucha contra el crimen a un discurso centrado en el control y la apropiación de los recursos energéticos suramericanos.

En este contexto, se ha denunciado la incautación de al menos dos buques petroleros en actos calificados por el gobierno venezolano como piratería y robo, sumado a una serie de bombardeos contra pequeñas embarcaciones que han dejado un saldo de más de cien víctimas mortales sin que se haya demostrado fehacientemente su vinculación con actividades ilícitas.

De forma paralela, la crisis se ha extendido al ámbito de la conectividad aérea, dejando a Venezuela en una situación de aislamiento internacional sin precedentes a finales de 2025. La decisión del Instituto Nacional de Aeronáutica Civil de restringir los permisos a aerolíneas extranjeras, motivada por las advertencias de seguridad de la FAA de Estados Unidos y la AESA de España, ha dejado los cielos venezolanos prácticamente vacíos durante la temporada decembrina.

Esta desconexión se agudizó tras las declaraciones del presidente Donald Trump, quien afirmó que el espacio aéreo del país permanecería cerrado en su totalidad, forzando a compañías como Iberia, Air Europa y Plus Ultra a suspender sus operaciones hasta 2026, mientras que los ciudadanos se ven obligados a recurrir a rutas alternativas costosas con escalas en terceros países.

Ante esta escalada, el Consejo de Seguridad de la ONU se convirtió en el escenario de una reunión de emergencia donde el representante venezolano, Samuel Moncada, denunció lo que considera un intento de recolonización del continente y una violación masiva del derecho internacional.

Esta postura fue respaldada abiertamente por Rusia, cuyo representante advirtió que las acciones de Estados Unidos contra Venezuela no son eventos puntuales, sino una intervención que podría sentar un modelo para futuras acciones militares contra otros estados latinoamericanos.

El conflicto, por tanto, trasciende lo bilateral para situarse en una disputa global por la soberanía y el control de la energía, con un bloque de naciones que incluye a China, Colombia, Brasil y México manifestando su apoyo a Caracas frente a lo que consideran una agresión externa injustificada.