Las tensiones en los procesos de custodia y régimen de convivencia han comenzado a exhibir un patrón preocupante para abogados especializados en derecho de familia. Cada vez más padres —particularmente hombres que buscan regular el acceso a sus hijos— se encuentran ante un escenario legal que puede volverse adverso desde el primer paso, especialmente cuando aparecen denuncias vinculadas a la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Ante este clima de creciente conflictividad, varios profesionales insisten en la necesidad de que los padres acudan a asesoría especializada antes de iniciar cualquier trámite.

El problema, según coinciden diversas voces del ámbito jurídico, radica en la velocidad con la que avanzan estos procedimientos. La sola declaración de la denunciante puede derivar en medidas cautelares inmediatas, incluso antes de que exista un examen médico o psicológico forense que respalde los señalamientos. Esta celeridad, afirman, genera un desequilibrio en la balanza procesal y coloca al hombre en una posición de defensa frágil desde el inicio, situación que a menudo deriva en desgaste emocional, incertidumbre y el riesgo de una estigmatización social anticipada.

José Ángel Sánchez, abogado y psicólogo especializado en protección del Niño, Niña y Adolescente, señala que la violencia psicológica no opera en un solo sentido. Explica que numerosos padres enfrentan limitaciones deliberadas en el contacto con sus hijos, así como acusaciones que pueden configurar simulaciones de hechos punibles. “Ese tipo de denuncias tiene un impacto inmediato en la percepción social del hombre, afectando su estabilidad emocional y su reputación”, afirma. A esto se suma que muchos padres, temerosos de quedar atrapados en procesos judiciales largos y estigmatizantes, optan por retirarse y esperar a que sus hijos cumplan la mayoría de edad, renuncia que termina reforzando la distancia afectiva.

Para Sánchez, la prevención es la clave. Recomienda prudencia a cualquier padre que se encuentre en un litigio ante tribunales o Consejos de Protección. Subraya que, si una solicitud formal de acceso genera como respuesta una denuncia por violencia, resulta indispensable contar con un acompañamiento legal capaz de orientar cada paso. De lo contrario, incluso acciones motivadas por el deseo de ver a los hijos pueden ser interpretadas por la Fiscalía como acoso u hostigamiento.

Uno de los puntos más sensibles aparece cuando el tribunal ofrece la suspensión condicional del proceso. Aunque suele entenderse como una vía rápida para evitar un juicio, Sánchez advierte que, en la práctica, esta figura opera como una admisión indirecta del hecho imputado. Esa aceptación, apunta, puede tener repercusiones futuras, tanto en el ámbito penal como en los procesos de custodia o régimen de convivencia.

El llamado final del especialista es claro: cualquier padre involucrado en una denuncia o disputa relacionada con sus hijos debe buscar apoyo profesional inmediato. La asesoría adecuada no solo permite enfrentar el proceso con herramientas jurídicas precisas; también reduce la posibilidad de caer en acciones mal orientadas que puedan transformarse en un nuevo motivo para ser denunciado.