La ofensiva extrajudicial de Estados Unidos contra los llamados «narcosubmarinos» en el mar Caribe ha generado un dilema legal en Sudamérica. Ecuador confirmó la liberación de Andrés Fernando Tufiño, uno de los dos sobrevivientes del reciente bombardeo estadounidense, tras determinar que no existían pruebas suficientes para enjuiciarlo en su territorio.

Tufiño, de nacionalidad ecuatoriana y originario de la provincia fronteriza de Esmeraldas, fue capturado por la Marina de EE. UU. y posteriormente deportado a su país para ser «detenido y procesado», tal como había prometido el presidente Donald Trump tras el ataque. Sin embargo, una funcionaria del Gobierno ecuatoriano, citada por la agencia AP, confirmó que la Fiscalía no encontró elementos de convicción ni indicios que permitieran mantenerlo en prisión.

La decisión de liberarlo subraya la complejidad de juzgar legalmente estos casos. Aunque el hombre se encontraba a bordo de una de estas sofisticadas embarcaciones, un documento gubernamental al que tuvo acceso AP dictaminó que no se podía tener la certeza de que Tufiño hubiera cometido un delito bajo la jurisdicción ecuatoriana. Su expediente migratorio, no obstante, es peculiar: registra múltiples viajes a México desde 2018 y una previa deportación desde Estados Unidos.

Pese a la liberación, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, reafirmó en redes sociales el compromiso de su nación con la lucha global contra el narcotráfico y la minería ilegal, dirigiéndose directamente a Trump en inglés: «Nuestro compromiso es claro: luchar codo a codo, defendiendo la libertad y la prosperidad en toda nuestra región».

Mientras tanto, el destino del segundo sobreviviente, el colombiano Jeison Obando Pérez, sigue en el aire. El hombre llegó a su país con traumas cerebrales y bajo sedación, según el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien aseguró que Pérez «va a ser procesado según la justicia». No obstante, el precedente de la liberación de Tufiño en Ecuador pone en entredicho la solidez de los cargos que puedan imputarse en Colombia.

Este es el sexto asalto extrajudicial de Estados Unidos desde septiembre contra embarcaciones que, según la Administración Trump, transportan drogas desde Sudamérica, dejando un saldo de más de 30 personas muertas sin mediar juicio. La crisis legal que ahora se abre plantea serias interrogantes sobre la detención, el procesamiento y la soberanía jurídica en el contexto de la guerra global contra las drogas.