El cimiento de la histórica Alianza Antidrogas entre Washington y Bogotá, esa sociedad construida sobre toneladas de cocaína y miles de millones de dólares, se ha pulverizado. El encargado de declarar el divorcio fue el presidente estadounidense, Donald Trump, quien este domingo 19 de octubre lanzó un misil diplomático con una ferocidad inaudita, sentenciando al presidente colombiano, Gustavo Petro, como un «líder del narcotráfico» que activamente fomenta la «producción masiva de drogas» en su territorio. El golpe no fue solo verbal, sino financiero y absoluto: Trump anunció el cese inmediato de los «pagos y subsidios a gran escala» a Colombia.

La sentencia, comunicada a través de Truth Social, es clara e irreversible: «A partir de hoy, estos pagos, o cualquier otra forma de pago o subvenciones, ya no se realizarán».

Esta decisión es un terremoto económico. Colombia ha sido tradicionalmente el principal receptor de ayuda financiera de Washington en Sudamérica, embolsando más de 740 millones de dólares solo en 2023. La mitad de esa cifra, un flujo de caja vital para la seguridad nacional, estaba comprometida con la lucha contra las drogas; el resto sostenía programas sociales y humanitarios. Tras la retirada formal de Colombia de la condición de aliado en la guerra contra el narcotráfico el mes pasado, el hachazo de Trump no es solo simbólico, sino el colapso de una arquitectura financiera de décadas.

La retórica de Trump escaló peligrosamente, rozando la amenaza de una intervención unilateral. Tildando a Petro de «líder poco valorado y muy impopular, con una actitud insolente hacia Estados Unidos», el mandatario estadounidense lanzó una advertencia cruda: «debería cerrar estos campos de exterminio de inmediato, o Estados Unidos se los cerrará, y no lo hará de buena forma».

Este choque frontal tiene raíces ideológicas profundas. Desde 2022, Petro ha intentado un cambio de paradigma, alejando a Colombia de la erradicación forzosa para priorizar una estrategia social que ataque las causas profundas del narcotráfico. Sin embargo, esta visión ha chocado brutalmente con la realidad de las cifras: bajo su mandato, el cultivo de coca ha aumentado aproximadamente un 70%, un dato que la administración Trump ha utilizado como prueba de su tesis. Petro, por su parte, desvía la culpa, atribuyendo la disparada de las cifras al aumento del consumo global, especialmente en Europa. Con el corte de subsidios y la amenaza latente, la nueva y turbulenta fase de la diplomacia entre Washington y Bogotá no solo pone en jaque la estabilidad financiera colombiana, sino que redefine los términos de la guerra contra las drogas para todo el continente andino.