El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a poner sobre la mesa la posibilidad de invocar la Ley de Insurrección, una herramienta legal que le permitiría desplegar tropas federales en suelo estadounidense ante el aumento de protestas en distintas ciudades.

La mera mención del decreto, promulgado por primera vez en 1807, ha reactivado un debate que atraviesa más de dos siglos: ¿hasta dónde puede llegar el poder del presidente cuando se trata de “mantener el orden”?

Una ley con bordes difusos

La Ley de Insurrección, modificada en sucesivas ocasiones hasta 1871, otorga al Ejecutivo la facultad de emplear las Fuerzas Armadas cuando las autoridades civiles no logran controlar disturbios o garantizar el cumplimiento de las leyes.
En circunstancias normales, la Ley Posse Comitatus de 1878 prohíbe que el Ejército participe en funciones policiales; sin embargo, la invocación de la Ley de Insurrección suspende temporalmente esa restricción.

El problema, advierten juristas, es su ambigüedad. “No define con precisión qué constituye una insurrección”, señala un análisis del Centro Brennan para la Justicia, un instituto no partidista con sede en Nueva York. “Esa vaguedad otorga al presidente un margen de discreción muy amplio para desplegar tropas dentro del país”, concluye el informe actualizado en junio de 2025, cuando Trump volvió a aludir al tema.

Tres escenarios posibles

El texto legal contempla tres supuestos:

Que un estado solicite apoyo federal ante disturbios fuera de su control.

Que el presidente determine por sí mismo que la aplicación de la ley se ha vuelto “impracticable” por medios ordinarios.

Que se invoque para proteger derechos constitucionales cuando las autoridades locales “no puedan o no quieran” hacerlo.

Durante las últimas manifestaciones, miles de ciudadanos marcharon en ciudades como Chicago y Nueva York portando pancartas contra el ICE y el posible despliegue militar. Las imágenes, difundidas por agencias internacionales, recordaron los momentos más tensos de 2020, cuando Trump también evaluó medidas similares.