“Estoy presto para presentarme cuando sea el llamado. Tenemos que salir a defender la patria”, dice Edith Perales, de 68 años, mientras ajusta su uniforme de la Milicia Nacional Bolivariana en el populoso barrio 23 de Enero, en Caracas.

En las últimas semanas el gobierno de Nicolás Maduro activó a miles de civiles en barrios y parroquias alegando una “guerra no declarada” por el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe. La respuesta oficial incluye adiestramiento comunitario: maniobras en plazas y entradas de barriadas, tanques de exhibición, carteles con instrucciones y prácticas de manejo de fusiles AK103.

Las imágenes repetidas muestran a ancianos, amas de casa y jóvenes recibiendo lecciones básicas —apuntar, adoptar posturas, mantenimiento de armas— mientras niños observan. Francisco Ojeda, de 69 años, resume el ánimo: “Si tengo que dejar mi vida luchando, lo hago”. Gladys Rodríguez, de 67, asegura: “No vamos a permitir que vengan a invadir”.

El Ejecutivo habla de más de 8,2 millones de alistados entre milicia y reservistas; cifra que especialistas y observadores ponen en duda. Para el politólogo Benigno Alarcón, la movilización persigue aumentar el “costo político” de una posible intervención y crear un escudo humano que limite opciones externas.

No obstante, la medida muestra contrastes: a pocos metros, comerciantes, buhoneros y vecinos siguen su rutina dominical como si la instrucción militar fuera parte del paisaje urbano. Entre fervor y escepticismo, la militarización civil se afianza como otra pieza más en la polarizada agenda venezolana.