Puerta giratoria sigue y 13 nuevos presos políticos se suman a la lista

El 23 de agosto el gobierno de Nicolás Maduro anunció la liberación de 13 presos políticos. Sin embargo, apenas 13 días después, esa misma cifra volvió a engrosar la lista de detenidos por razones políticas, en lo que la oposición y organizaciones de derechos humanos describen como una “puerta giratoria” de represión.

La primera detención se produjo el 25 de agosto en Bolívar, cuando Lorenia Gutiérrez, coordinadora de Vente Venezuela en Caroní, fue arrestada tras un allanamiento sin orden judicial. Ese mismo día, en Barinas, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) denunció la desaparición del exalcalde José Luis Machín Machín junto a Isaura Villamizar, Miguel Jorge Álvarez, José Osorio y Junior Adonay Rivas.

El 31 de agosto, en Mérida, civiles armados apresaron a los dirigentes juveniles Yones Molina y Jesús Castillo, también vinculados a Vente Venezuela. El 2 de septiembre desapareció en Caracas Julio Velazco, padre del dirigente opositor Marcos Velazco, cuyo paradero aún se desconoce.

La represión se trasladó luego a Carabobo. El 4 de septiembre funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana detuvieron en San Diego a Miriam Fernández Ruiz, de 72 años, y a su nieto Miguel Ángel Guillén Ibarra, de 17. Al día siguiente, su hija Chantal Niulany Guillén acudió engañada a la sede policial con su hija de dos años, Nicole de Los Ángeles Palermo, y ambas quedaron igualmente privadas de libertad. Vente Venezuela denunció que se trata de la aplicación del método nazi Sippenhaft, que castigaba a familiares de opositores.

Organizaciones internacionales han expresado preocupación. En agosto, Human Rights Watch advirtió que en Venezuela opera una política de represión sistemática bajo la llamada Operación Tun Tun, destinada a intimidar a sectores populares que protestaron contra los resultados de las elecciones de julio de 2024.

“Las recientes excarcelaciones no ocultan el hecho de que cientos de presos políticos siguen tras las rejas”, señaló Juanita Goebertus, directora de la División de las Américas de HRW.