El Gobierno de El Salvador, encabezado por Nayib Bukele, ha reforzado sus programas de reinserción social con la incorporación de miles de reclusos a distintas labores comunitarias y productivas. Los internos participan en la limpieza de calles y playas, reparación de hospitales y escuelas, construcción y en talleres textiles y mecánicos, con el objetivo de aprovechar su mano de obra y reducir el ocio carcelario.

Uno de los proyectos más destacados se ejecuta en el centro de formación laboral La Esperanza, desde donde 6.600 privados de libertad son trasladados a diario al centro industrial de Santa Ana para trabajar en un taller textil. En ese espacio, que opera sin interrupción en tres turnos, se producen unas 600.000 prendas mensuales. La confección incluye uniformes para los propios internos, ropa hospitalaria para pacientes y personal médico, y en una fase posterior se espera cubrir la demanda de uniformes escolares de más de un millón y medio de estudiantes.

De forma paralela, el penal La Esperanza cuenta con un taller mecánico donde unos 900 reclusos se especializan en áreas como mecánica general, aire acondicionado, pintura, tapicería y alineado de vehículos. Entre los trabajos realizados figura incluso el mantenimiento de patrullas policiales.

Estas iniciativas se enmarcan en el Plan Ocio Cero Carcelario, lanzado en 2020, que comenzó con apenas 147 internos realizando labores de limpieza y distribución de alimentos durante la pandemia. Hoy son miles los que participan en proyectos que, según el Ejecutivo, no solo permiten ofrecer servicios a menor costo al Estado, sino que brindan capacitación y experiencia laboral a quienes cumplen condenas por delitos menores y muestran buena conducta.

El programa descarta a pandilleros y a personas condenadas por crímenes graves, como homicidios o violaciones. Los beneficiarios acceden a formación técnica orientada a facilitar su reinserción en la sociedad una vez cumplida la pena.

De acuerdo con el informe 2023 del Ministerio de Seguridad Pública y Justicia, estas experiencias han contribuido a reducir gastos estatales y a consolidar un modelo de rehabilitación y tecnificación para la población penitenciaria salvadoreña.