Las gigantes brasileñas Marfrig Global Foods S.A. y Minerva S.A. protagonizan una batalla legal y económica por la venta de tres plantas empacadoras de carne en Uruguay, una operación que cobra especial relevancia en el contexto de la guerra arancelaria impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

El conflicto comenzó en 2023, cuando Marfrig vendió los frigoríficos a Minerva. Sin embargo, las autoridades uruguayas bloquearon la transacción al invocar la ley antimonopolio. La adquisición hubiera significado que Minerva controlara más del 40 % del mercado local, según reveló Bloomberg.

Tras la decisión, Marfrig dio por cancelada la operación alegando el incumplimiento de las condiciones suspensivas. Minerva, en cambio, sostiene que el acuerdo sigue vigente, ya que mantiene una apelación ante la justicia uruguaya. El contrato contemplaba la venta de las plantas por unos 125 millones de dólares, una cifra sujeta a ajustes.

Más allá del cruce legal, el trasfondo de la disputa es estratégico. Con los nuevos aranceles del 50 % impuestos por Trump sobre productos brasileños como la carne y el café, contar con operaciones en Uruguay representa una ventaja clave. Para Marfrig, que exporta principalmente desde Brasil y es uno de los mayores proveedores de carne vacuna a Estados Unidos, las plantas uruguayas significarían una vía para esquivar los gravámenes. Minerva, por su parte, cuenta con filiales en Argentina, Paraguay y otros países de la región, lo que le da mayor flexibilidad para diversificar su producción y reducir el impacto de los aranceles.

Las medidas de Washington entraron en vigor el pasado 7 de agosto, afectando a sectores fundamentales de la economía brasileña. En el primer semestre de este año, Brasil exportó a Estados Unidos unas 181.000 toneladas métricas de carne de res, valoradas en 1.000 millones de dólares, lo que representó un aumento del 113 % en volumen respecto al mismo periodo del año anterior. El gremio estimaba cerrar el año con 400.000 toneladas enviadas, pero la nueva carga arancelaria hace que esa meta parezca cada vez más lejana.

Mientras tanto, Brasil evalúa si puede responder a las medidas de Trump en el marco de la Ley de Reciprocidad Económica, cuyo plazo de revisión de 30 días ya está en marcha.