La expresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, comenzó este martes a cumplir una condena de seis años de prisión por corrupción, tras la confirmación de la sentencia en el caso ‘Vialidad’. Aunque la fiscalía exigía su ingreso a una cárcel común, el juez Jorge Gorini autorizó que cumpla la pena bajo arresto domiciliario en su residencia del barrio Constitución, en Buenos Aires.

La decisión judicial, que también incluye inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, representa un hecho sin precedentes en la historia argentina: es la primera vez que un expresidente cumple una pena firme de prisión. La resolución fue comunicada por videollamada a la exmandataria, de 72 años, cuya defensa había solicitado la prisión domiciliaria por razones de edad y seguridad.

Desde hace días, las inmediaciones del domicilio de Fernández de Kirchner se han convertido en un punto de encuentro para militantes peronistas que expresan su respaldo con cánticos y banderas. Sin embargo, el tribunal impuso estrictas reglas de conducta para su detención: no podrá alterar la convivencia vecinal, llevará tobillera electrónica, necesitará autorización judicial para recibir visitas o salir de casa, y deberá entregar un listado previo de personas autorizadas a ingresar, entre familiares, abogados y personal médico.

El abogado Gregorio Dalbón celebró la decisión, considerándola una victoria del derecho frente a lo que calificó como una «causa armada». “Nadie puede ser sometido a tratos crueles o degradantes, ni siquiera cuando se ejecuta una sentencia injusta”, escribió en redes sociales.

Aunque se había previsto que Fernández acudiera personalmente a los tribunales de Comodoro Py para ser notificada, el juez Gorini adelantó el proceso por vía virtual, desactivando parcialmente una masiva movilización convocada por el peronismo. Pese a esto, la marcha se mantiene, ahora con el objetivo de denunciar su “proscripción” y el trasfondo político que, según sus seguidores, motiva la condena.

Este episodio reaviva la tensión en un país profundamente polarizado. Mientras sus detractores celebran el fallo como un acto de justicia, sus simpatizantes lo ven como un intento por silenciar a la figura más influyente de la oposición. Hasta el martes, Fernández era la principal candidata del peronismo para las elecciones legislativas de este año. Con la condena confirmada por la Corte Suprema, queda excluida de la contienda electoral y forzada a abandonar su rol como presidenta del Partido Justicialista.

El antecedente más cercano es el del fallecido expresidente Carlos Menem, quien fue detenido en 2001 por tráfico de armas y pasó seis meses en prisión domiciliaria. Sin embargo, su condena no fue ratificada por la Corte, lo que le permitió mantener su carrera política hasta su muerte en 2021.

Con más de tres décadas de trayectoria política —fue diputada, senadora, presidenta y vicepresidenta— Cristina Fernández de Kirchner se convirtió en una figura clave del kirchnerismo y del peronismo. La ejecución de esta condena no solo marca el cierre de un ciclo político, sino que también reconfigura el tablero electoral argentino.