La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, declaró este miércoles un toque de queda nocturno en el centro de la ciudad tras varias noches consecutivas de disturbios, enfrentamientos y saqueos relacionados con las protestas contra las redadas migratorias ordenadas por el gobierno federal. La medida, que entrará en vigor desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana, afecta un área aproximada de 2,5 kilómetros cuadrados en el corazón de la ciudad, aunque excluye a residentes, trabajadores esenciales, personal de emergencia y medios de comunicación acreditados.

La decisión fue tomada luego de que al menos 23 negocios resultaran vandalizados en una sola noche, y tras la detención de casi 200 personas el martes, muchas de ellas por bloquear la autopista 101 en señal de protesta. La Policía de Los Ángeles, apoyada por tropas de la Guardia Nacional y marines enviados por la Casa Blanca, mantiene una fuerte presencia en la zona con el argumento de preservar el orden público. Según las autoridades locales, el operativo busca evitar más daños materiales y garantizar la seguridad de los ciudadanos.

Este despliegue ha generado una respuesta inmediata por parte del gobierno de California. El gobernador Gavin Newsom denunció que la militarización de Los Ángeles representa una provocación innecesaria y presentó una demanda contra el presidente Donald Trump por violación de la décima enmienda de la Constitución estadounidense, acusando al mandatario de extralimitarse en sus funciones al ignorar la autonomía estatal para manejar la seguridad pública.

Aunque los disturbios han ocurrido en un área muy reducida del centro, menos del 1 % del territorio de la ciudad, las imágenes de vehículos incendiados, comercios saqueados y enfrentamientos con la policía han tenido un fuerte impacto mediático. Las autoridades han iniciado trabajos de limpieza para restaurar el área, especialmente en vista de los preparativos para el Mundial de Fútbol de 2026, evento en el que Los Ángeles será una de las ciudades anfitrionas.

El toque de queda y el despliegue militar ocurren en paralelo al endurecimiento del discurso de Donald Trump, quien calificó las protestas como una “invasión extranjera” y acusó a los manifestantes de atentar contra la soberanía nacional. Durante un mitin en Carolina del Norte, el presidente prometió castigos más severos contra quienes quemen banderas estadounidenses y afirmó que la presencia militar en las calles de California continuará “el tiempo que sea necesario” para restaurar lo que definió como paz y orden.

La escalada de tensiones entre el gobierno federal y el estado de California, el incremento en los operativos migratorios, y la creciente polarización social han convertido a Los Ángeles en el epicentro de una confrontación que va más allá de lo local, y que podría tener efectos duraderos en la política migratoria y en la relación entre estados y gobierno federal.