Un juez federal en Estados Unidos ha determinado que las deportaciones masivas de migrantes —principalmente venezolanos— a El Salvador, llevadas a cabo bajo la administración de Donald Trump, violaron el derecho al debido proceso. El gobierno utilizó una ley del siglo XVIII, la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798, para justificar la expulsión inmediata de más de 200 personas sin juicio previo.

Los migrantes fueron enviados directamente al Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la megacárcel salvadoreña promovida por el presidente Nayib Bukele, sin oportunidad de apelar, presentar pruebas ni siquiera saber de qué se les acusaba.

La orden del juez James Boasberg instruye a las autoridades estadounidenses a crear un mecanismo que permita a los afectados impugnar sus deportaciones, incluso desde el extranjero. Organizaciones defensoras de derechos humanos han insistido en que muchas de las personas deportadas no tenían antecedentes penales ni vínculos comprobados con organizaciones criminales, y acusan al gobierno de haber actuado con fines políticos y propagandísticos.

Durante los traslados, las imágenes mostraron a los migrantes con la cabeza rapada y encadenados, lo que provocó fuertes críticas de organismos internacionales por la exposición pública y el trato indigno.

La sentencia representa un revés simbólico y jurídico para Trump, quien promovió una narrativa de “mano dura” y acusó sin pruebas a los migrantes de pertenecer a bandas como el Tren de Aragua. La decisión también genera presión sobre Bukele, quien justificó el encarcelamiento masivo bajo la promesa de seguridad interna.

Para las familias de los deportados, el fallo ofrece una luz de esperanza. Muchos de ellos siguen detenidos en condiciones opacas, mientras aumenta la presión internacional por su liberación o al menos una revisión de sus casos.