El chef español Daniel Sancho, condenado a cadena perpetua en Tailandia por el asesinato y descuartizamiento del cirujano colombiano Edwin Arrieta, ha reavivado la controversia legal que rodea su caso al presentar nuevas alegaciones que ponen en entredicho la actuación de la policía tailandesa.

En su recurso de apelación, la defensa sostiene que las autoridades habrían hecho desaparecer intencionalmente el torso de la víctima, supuestamente encontrado sin heridas de arma blanca, con el fin de respaldar la acusación de asesinato premeditado. Este elemento corporal, clave para determinar la naturaleza del crimen, nunca fue presentado en el juicio, lo que, según los abogados, podría haber debilitado seriamente la tesis de la fiscalía.

El recurso legal, compuesto por 400 páginas y presentado ante el tribunal de Phuket, argumenta que la condena es “injusta, excesiva e inapropiada”. La estrategia jurídica se enfoca en tres pilares: negar la premeditación del crimen y presentar la muerte como resultado de una pelea; argumentar que los cuchillos adquiridos por Sancho no fueron utilizados para causar la muerte ni el posterior desmembramiento; y denunciar que al acusado no se le permitió emitir una declaración final durante el proceso judicial, lo que constituiría una violación al debido proceso.

Aunque Sancho no acepta haber cometido asesinato, ha manifestado su pesar por lo ocurrido, asegurando que lamenta profundamente el dolor causado a la familia de Arrieta y que está dispuesto a compensarlos por los daños morales derivados del crimen.

Mientras permanece recluido en la prisión de Surat Thani, la comunidad internacional observa de cerca el curso de este caso, que plantea interrogantes sobre la transparencia judicial en procesos de alto perfil y sobre la situación de los ciudadanos extranjeros acusados de delitos graves en países con sistemas legales distintos. La defensa espera que un tribunal superior revise la sentencia y reconsidere su veredicto.